Aplicación de instrumentos internaciones para asegurar que el principio de efectividad regule el contrato de prestación de servicios cuando se cumplen funciones iguales a las de los servidores públicos vinculados directamente a la entidad.

En la práctica jurídica de la contratación estatal por prestación de servicios se vulnera el derecho a la igualdad, puesto que no se puede realizar una diferenciación justificada en el trato, teniendo en como comparación las funciones que cumple el personal de planta, cuando estos dos se encuentran en igualdad de circunstancias, aunque amparados por formalidades diferentes. A partir del análisis realizado a los pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado sobre controversias que este tipo de relación contractual presenta regularmente, se ha identificado que se desvirtúan las características del contrato de prestación de servicios y se reconocen prestaciones particulares típicas de la relación laboral, esto por incurrir el cumplimento de elementos característicos de un contrato de trabajo. Entonces es menester establecer ¿Cómo el principio de efectividad garantizaría la igualdad en la ley de los contratistas frente al personal de planta en el contrato estatal por prestación de servicios? De acuerdo a los procesos comparativos de Estados que han solucionado este conflicto como encontrara a lo largo del texto, si se adoptan instrumentos internaciones para lograr el principio de efectividad en el proceso de contratación estatal por prestación de servicios que no tiene en cuenta el principio de la primacía de la realidad, se garantizaría la igualdad en la ley cuando el contratista da cumplimiento a funciones iguales a las de los servidores públicos vinculados directamente a la entidad. Reconociendo que el principio de efectividad es como una transformación en nuestro sistema constitucional en la relación entre Estado y habitantes del territorio, de tal manera se ha establecido que el Estado está al servicio de la comunidad y no las personas al servicio del Estado, labor que se desarrolla promocionando y defendiendo los derechos, el Estado debe buscar y lograr la reparación integral, en procura de la defensa de los derechos a la justicia y a la verdad, es el Estado es el encargado directamente de garantizar los principios y derechos que han sido constitucionalizados, cuando en la realidad no se materializa este principio se identifica un déficit en el cumplimento del deber principal del Estado, la manera de aplicar el principio de efectividad para llegar a la igualdad en la ley, es por medio de los instrumentos internaciones que regulan el derecho a la igualdad y no discriminación, así como todo el desarrollo de la igualdad de trato y el derecho antidiscriminatorio en el ámbito comunitario; ya que de esta manera se ha logrado que el Estado en otras situaciones garantice este derecho que ha sido vulnerado, ya sea por medio de adopción de tratados internacionales o de figuras que estén desarrolladas en otros Estados, para llevar acabo la aplicación de estos instrumentos es necesario reconocer la teoría de Transmutación jurídica que determinará el método en el cual una regulación internacional o extranjera se debe adecuar al ordenamiento normativo interno Colombiano para resolver la falla de efectividad que existe en el funcionamiento de la contratación por prestación de servicios. El objetivo general de esta investigación es valorar la aplicación de instrumentos internaciones para el cumplimiento del principio de efectividad, que permita garantizar la igualdad en la ley, cuando el contratista por prestación de servicios da cumplimiento a funciones iguales a las de los servidores públicos vinculados directamente a la entidad. Dicho proyecto encuentra espacio en el desarrollo investigativo de la Universidad Libre en su Línea institucional Derecho, Estado, Cultura y Sociedad donde esta casa de estudios busca brindar a los estudiantes un “proceso de construcción permanente del conocimiento científico, mediante la institucionalización de una cultura investigativa y proyectar liderazgo en las soluciones de problemas sociales, económicos, políticos y culturales del orden local, regional, nacional e internacional”. Con el fin de promover la construcción permanente “de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, estará a la vanguardia en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos” . Para obtener resultados objetivos y que pertenecen a la realidad jurídica y social del problema que convoca esta investigación, será necesario hacer uso de metodologías investigativas, que sean fuente de información para identificar el problema y para apoyar la búsqueda de solución; inicialmente, se realizará un diagnóstico sobre la vulneración de la igualdad desde distinto parámetros como la igualdad en la ley como principio constitucional, el deber de trato igual en sentido general, y la aplicación de un igual trato, la igualdad formal y la igualdad material en el proceso de contratación por prestación de servicios con el Estado, de manera tal que para la identificación de dichas las categorías se llevará a cabo un trabajo de campo de observación, sobre 50 Sentencias Judiciales proferidas por el Consejo de Estado las cuales versan sobre controversias en las que se busca establecer la relación laboral entre contratistas y entidades Públicas como contratantes esta se realizará de manera indirecta, externa, encubierta, las autoras no hacen parte del objeto de investigación. Una vez se hayan identificado las situaciones actual de aplicación de la igualdad para este problema jurídico, es necesario por medio de un método cualitativo como el Derecho Comparado, este consiste en el estudio de la normatividad interna de otros Estados, estos Estados son casos reveladores en los cuales por medio del principio de efectividad el problema expuesto haya sido solucionado o se encuentre en vía de mejora por medio de una figura jurídica, este método fue utilizado teniendo en cuenta la etnología jurídica entendida como historia normativa y jurisprudencial, la ubicación servicio a la comunidad de dicho estado en la estructura organizacional política y el régimen económico-presupuestal para establecer como este influye en la promoción y defensa de los derechos, puesto que el estudio puramente doctrinal no tiene en cuenta la adopción de los instrumentos a nuestro sistema legal, para determinar los parámetros que puede seguir Colombia en la aplicación de los instrumentos internaciones y proponer por medio del principio de efectividad la garantía de la igualdad en la determinada situación. Es importante resaltar que todo este proceso deberá ser llevado a cabo en el marco del régimen constitucional vigente, es decir aquella solución que arroja el proceso comparativo entre los Estados, casos relevantes, con Colombia debe ser ajustado por medio de la transmutación jurídica de dichos aspectos para poder ser aplicables en el ordenamiento jurídico interno. Inicialmente podrá identificarse la violación de la igualdad en la ley en el proceso de contratación estatal por prestación de servicios que surge cuando el contratista cumple a funciones iguales a los servidores públicos vinculados directamente a la entidad a partir de los fallos proferidos por el Consejo de Estado, la conceptualización de cada uno de los aspectos que deben ser reconocidos en un contrato de prestación de prestación del servicio en el sector público y las premisa de un contrato realidad evaluando su evolución histórica y legal en Colombia de tal manera que se pueda inferir de manera evidente la existencia de dicha violación. Posteriormente a partir del estudio del derecho comparado se comprenderá como por medio del principio de efectividad garantizaría la igualdad en la ley de los contratistas por prestación de servicios frente a servidores públicos vinculados directamente a la entidad, teniendo en cuenta referentes teóricos que establecen las obligaciones inherentes al Estado para garantizar la materialización de los derechos consagrados en la constitución, y como la aplicación de dicho principio en otros países, por medio de la intervención reguladora del Estado ha facilitado el desarrollo de la solución al problema jurídico. Finalmente se encontrará con la propuesta de la aplicación de instrumentos internaciones para el cumplimiento del principio de efectividad en relación con el proceso de contratación estatal por prestación de servicios el cual no tiene en cuenta el principio de la primacía de la realidad para así garantizar la igualdad en la ley cuando el contratista da cumplimiento a funciones iguales a las de los servidores públicos vinculados directamente a la entidad, determinando los aspectos generales que el Estado colombiano debería tener en cuenta para regular la situación jurídica de los contratistas en su sector y enmarcándolo en su normatividad para hacer efectivo los derechos que adquieren durante la ejecución de sus contratos.Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídica

Lectura analítica sobre los derechos prestacionales de los contratistas del estado colombiano con ocasión a la sentencia de unificación 025-ce-s2-2021 proferida por el Consejo de Estado.

El análisis del marco de referencia de las condiciones mediante las cuales el Estado colombiano empieza a utilizar el Contrato de Prestación de Servicios y aquello que representa en términos de este modelo contractual comparados con los del Contrato Realidad, es necesario para comprender la tensión jurídica presente cuando el Consejo de Estado profiere la sentencia de unificación 025-CE-S2-2021. Para llevar a cabo este cometido, se desarrolla un marco histórico y doctrinario que ubica el surgimiento del contrato y su función en la sociedad; posteriormente se problematizan los contratos promovidos por el Estado en cuanto a derechos prestacionales, inestabilidad laboral, desmejoramiento de la función pública, y finalmente, con el apoyo del análisis interdisciplinar, dar paso a la hermenéutica jurídica sobre la Sentencia para constituir así un método integral de interpretación.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho AdministrativoThe analysis of the framework of the conditions through which the State begins to make use of the Service Contract and what the terms of this type of contract entail compared with those of the reality contract, is necessary to understand the legal tension handled by the unified Ruling 025-CE-S2-2021 issued by the Council of State. To do this, a historical and doctrinal framework is developed to locate the emergence of the contract and its function in society; then the contracts promoted by the State in terms of benefit rights, labor instability, deterioration of the civil service, and finally, with the support of interdisciplinary analysis, give way to the legal hermeneutics of the Ruling to thus constitute an integral method of interpretation

Enriquecimiento sin justa causa del estado por los impuestos recaudados en los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados en el marco del estatuto general de contratación de la administración pública por su declaratoria judicial como vínculo laboral realidad

Con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las meras formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, la jurisdicción contenciosa administrativa ha aplicado ciertos criterios, tal como la reparación integral de que trata el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con el fin de resarcir el daño causado a las personas que logran demostrar que su vinculación contractual de servicios con la administración pública, oculta una verdadera relación laboral. Los derechos que han sido reconocidos en virtud del referido principio han girado en torno a prestaciones sociales, aportes en seguridad social, riesgos laborales y beneficios de cajas de compensación. De lo cual, preliminarmente, podríamos afirmar que el Consejo de Estado ha forjado un criterio garantista sobre la materia; no obstante, en un análisis detallado, se evidencia que dicha Corporación no ha tenido en cuenta las condiciones tributarias en las que se encuentra sometido el contratista, las cuales son ostensiblemente diferentes a las de un empleado del Estado, declarando muchas veces la existencia de una relación laboral sin condenar al Estado a devolver los impuestos recaudados en virtud del espurio contrato de prestación de servicios, los cuales fueron cobrados -en consecuencia- sin hecho generador. Con el fin de brindar algunas luces sobre este aspecto que no ha sido tratado por la jurisprudencia contenciosa administrativa, se desarrolla la presente investigación, en la cual se pretende desarrollar la siguiente hipótesis: la declaratoria judicial del principio llamado primacía de la realidad sobre las formalidades desvirtúa la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales como materia imponible de tributación; por tanto, el recaudo impositivo realizado, necesariamente tendría como consecuencia la configuración de un daño patrimonial en cabeza del supuesto contratista, el cual debería ser reparado. (texto tomado de la fuente)In accordance with the Constitutional principle of primacy of reality over the formalities, established by the parties in the employment relationship, the contentious-administrative jurisdiction has applied certain criteria, as the integral reparation, contained in the article 16 of the law 446 of 1998, which has as an objective to compensate the damage, caused to people whom have accomplished to demonstrate their contractual services relationship with the public administration, hiding a real employment relationship. The rights that have been recognized under this principle have focused to social benefits, Social Security contributions, occupational hazards, and compensation fund benefits. Therefore, in a preliminary consideration, we could affirm the Council of State has forged protectionist criteria over the matter, however, in reality, these corporation has not have in consideration, the tributary conditions which the contractor have been submitted, which are ostensibly different than a state employee, declaring many times the existent of an employment relationship, without to condemn the state to return the taxes collected under the false contract for the provision of services, which were collected without an operative event. In order to deliver some reasoning about this matter, that hasn´t been treated by the contentiousadministrative jurisprudence, it develops in this investigation, which pretends to develop the follow hypothesis: the judicial declaratory of the principle of primacy of reality over the formalities perverts the existence of the contract for the provision of professional services as a matter of taxes application, therefore the tax collect made, necessarily would has as a consequence the configuration property damage to the supposed contractor, which needs to be repair.MaestríaDerecho administrativ

Contrato realidad : factor de vulneración de acceso a los elementos del derecho fundamental al trabajo

En Colombia las entidades públicas vinculan a través de contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión a talento humano con el fin de ejecutar actividades necesarias para el funcionamiento del aparato estatal. En los últimos años la vinculación de personal mediante esta modalidad contractual ha ido en ascenso, hasta superar en algunos casos de manera exorbitante el personal de planta, constituyendo este fenómeno una posible forma de evasión estatal al deber de garantizar las condiciones de seguridad social y estabilidad laboral reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional como elementos esenciales del derecho fundamental al trabajo digno. El presente artículo plantea los escenarios en que se mueve la contratación del recurso humano, principalmente en entidades gubernamentales y cómo esta forma de vinculación puede afectar la calidad de vida de los trabajadores

COVID-19: estado de emergencia sanitaria, normas gubernamentales y los efectos laborales en Colombia

Con fundamento en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se decreta un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, como consecuencia de la situación de salud pública que a nivel internacional y nacional se vive debido a la identificación del nuevo coronavirus – COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; en el marco de lo anterior se han expedido una serie de normas de estado de emergencia que tienen una afectación directa en materia laboral. Por lo cual, mediante el análisis de las normas previamente mencionadas, teniendo en cuenta lo que establece la Ley y la Jurisprudencia, se estudiarán los efectos en materia laboral, a su vez se determinará qué cambios implican en comparación con la normatividad ordinaria y finalmente se hará un estudio comparado con las medidas adoptadas por España , al ser uno de los países más afectados mundialmente, para dar cuenta de las convergencias y divergencias de las mismas.The decree 417 of the 17 of march of 2020 declared a state of economical, social and environmental emergency throughout the national territory of Colombia. This decree was the response of the Colombian government to the public health crisis caused by the spread of the COVID-19 viral disease, declared as a global pandemic by the World Health Organization (WHO). In this state of emergency several norms regarding labor have been issued. These norms have a direct effect on workers, companies and their relations thought the law. In this work, these norms will be analyzed taking into account what is established by law and pronouncements of the jurisprudence. The effect of these norms will be studied and the changes with regard to ordinary labor norms will be determined. Finally they will be compared with the norms adopted by the government of Spain, one of the most affected countries worldwide, in the context of the same emergency

Principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades: una visión jurisprudencial en los contratos de prestación de servicios (2010-2019) en el sector salud de Colombia

En el estado colombiano, el sector salud a diario se ve enfrentado a distintas formas de contratación laboral, de cara a satisfacer las necesidades de los órganos estatales y del sector privado, con el fin de ejecutar determinadas actividades para el correcto manejo de éstas, propias de su objeto misional. En los últimos años incorporar este tipo de talento humano a entidades públicas y del sector privado, mediante un contrato de prestación de servicios, ha sido tema de gran controversia jurídica frente a esta vinculación, en cuanto a, los derechos laborales de esta población, las garantías en materia prestacional y de seguridad social, que han sido reconocidas como elementos esenciales del derecho al trabajo. Se evidencia entonces la importancia frente al estudio de los contratos de prestación de servicios en el sector salud, pues al tornarse como un mecanismo de contratación, indistintamente del sector público o privado, el presunto uso abusivo de esta modalidad, no puede obviar su correcta aplicación. Para el presente artículo de investigación se tiene como eje central el contrato de prestación de servicios, consagrado en el ordenamiento jurídico, en la Ley 80 de 1993, el cual es aplicable al sector público y privado del territorio nacional, y su aplicación en los trabajadores del sector salud. Asimismo, el enfoque dado al presente artículo, parte de la cuestión referente a la debida aplicación de esta modalidad de contratación, la cual repercute de manera directa en los derechos laborales de esta población. Anudado a lo anterior, se evidenciará si la aplicabilidad de este contrato en los trabajadores de la salud, se ajusta a lo consagrado en la ley o por el contrario va en contravía de la misma. Por lo anterior, es necesario analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y del Consejo de Estado en los últimos 10 años, extrayendo los criterios definidos por estas corporaciones para la figura jurídica denominada: contrato realidad. Es sumamente imperioso entrar a identificar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y Consejo de Estado (2010-2019), si coexisten otros factores determinantes adicionales para la declaratoria de un contrato realidad, en el sector salud de Colombia. La problemática parte de las diversas modalidades de contratación legalmente establecidas en nuestra normatividad colombiana y el posible uso excesivo del contrato de prestación de servicios en entidades de carácter público y privado, en un sector importante, como lo es el sector de salud. Dichas entidades tienen autonomía para vincular al talento humano de la manera que se ajuste al cumplimiento de la función que cumplen en la sociedad, pero esta autonomía no puede considerarse como vulneratoria de derechos laborales y prestacionales. Por todo esto vale la pena adentrarse un poco más e investigar sobre las normas que rigen las relaciones laborales en ambos sectores, y las diferentes providencias proferidas por las pluricitadas, donde se debate jurídicamente los derechos de esta población. Es así como, dentro de esta problemática social, se ha venido evidenciando, por medio de los diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y del Consejo de Estado, las declaratorias del llamado “contrato realidad”, los factores que influyen en dicha declaratoria y el reconocimiento de los derechos laborales, en otros sectores, y para el presente estudio, el enfoque se dará únicamente al sector salud. Entonces, se debe identificar la regulación legal del contrato de prestación de servicios y contrato laboral en Colombia, seguidamente hacer un cotejo de las diferencias entre la relación de trabajo y la relación laboral, enfatizado al principio de coordinación y la subordinación como elemento esencial de la relación laboral y finalizar con el análisis jurisprudencial en las mencionadas corporaciones, para ubicar los factores que coexisten y son determinantes en la declaratoria de existencia de un contrato realidad en el sector salud de Colombia en los años 2010 hasta el 2019.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de derecho y ciencias políticasIn the Colombian state, the health sector is faced daily with different forms of labor contracting, in order to satisfy the needs of the state bodies and the private sector, in order to carry out certain activities for the correct management of these, their own of its missionary purpose. In recent years, incorporating this type of human talent to public entities and the private sector, through a contract for the provision of services, has been the subject of great legal controversy in the face of this relationship, in terms of the labor rights of this population, the guarantees regarding benefits and social security, which have been recognized as essential elements of the right to work. Thus, the importance of the study of contracts for the provision of services in the health sector is evident, since when it becomes a contracting mechanism, regardless of the public or private sector, the alleged abusive use of this modality cannot obviate its correct application . For this research article, the central axis of the contract for the provision of services, enshrined in the legal system, in Law 80 of 1993, which is applicable to the public and private sector of the national territory, and its application in workers of the health sector. Likewise, the approach given to this article is part of the question regarding the proper application of this contracting modality, which has a direct impact on the labor rights of this population. In addition to the above, it will be evident if the applicability of this contract in health workers is in accordance with the provisions of the law or, on the contrary, goes against it. For all this, it is worth delving a little further and investigating the rules that govern labor relations in both sectors, and the different provisions issued by the pluricites, where the rights of this population are legally debated. This is how, within this social problem, it has been evidenced, through the different pronouncements of the Supreme Court of Justice, Labor Cassation Chamber and the Council of State, the declarations of the so-called "reality contract", the factors that influence this declaration and the recognition of labor rights, in other sectors, and for this study, the focus will be given only to the health sector. Then, the legal regulation of the contract for the provision of services and labor contract in Colombia must be identified, followed by a comparison of the differences between the employment relationship and the employment relationship, emphasizing the principle of coordination and subordination as an essential element of the labor relationship and finalize with the jurisprudential analysis in the aforementioned corporations, to locate the factors that coexist and are determining factors in the declaration of the existence of a reality contract in the Colombian health sector in the years 2010 to 2019

Asociaciones público privadas: una manera de combatir el problema de hacinamiento carcelario

Artículo de reflexiónDentro del contexto global, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han proporcionado a los Estados la posibilidad de brindar más servicios de los que su presupuesto público les permite. Es por ello que después de analizar la forma en que se han utilizado las APP para proyectos penitenciarios en diferentes países y considerando la situación de hacinamiento en las cárceles colombianas, se propone su uso en proyectos de la misma clase en Colombia para mejorar la situación de sus reclusos en CárcelesINTRODUCCIÓN 1. LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 2. LA SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA. CONCLUSIONES REFERENCIASPregradoAbogad

El debate jurídico en torno al contrato de prestación de servicios

The apparent reduction of public servants in public entities corresponds to an increase in the use of personal services contracts, as a tool to evade the selection processes that are required by Administrative Law to hire public servants. Due to the discretionary powers to sign this kind of contracts, the personal services contracts are used as an instrument to elude Constitutional and legal sections which are aimed at ensuring equality in the access to the public service and creating stability within such service.Because of the misuse of personal services contracts, the Colombian State does not pay to the independent contractors the legal required social entitlements that it should pay to them, thereby undermining the independent contractors' economic conditions. Such misuse has been condemned by Colombian highest Courts because Colombian administrative law defines the public service and attaches to it significant rights and obligations. In particular, Law 80 establishes the guiding principles of the public hiring process whose compliance by all Colombian public enterprises and entities must be ensured.In consequence, both institutions, namely, public servants and public contracting belong to the field of administrative function and are regulated by Public Law, particularly Administrative Law.Departing from these premises, the purpose of this research is to locate public contracting and public function under the scope of Colombian Constitution and Colombian Social Rule of Law, with all their consequences.The research seeks to answer the question whether the massive hiring of independent contractors in lieu of public servants to perform pretty much the same functions the latter would perform conforms to Colombian Constitution and its Social Rule of Law. This research also examines new designs of the public sector under which public servants are replaced by independent contractors and by non-profit organizations.A la aparente reducción de las plantas de personal de las entidades estatales corresponde un aumento en la celebración de contratos de prestación de servicios, mecanismo que permite evadir los sistemas de selección exigidos para la contratación estatal lo mismo que para el ingreso y permanencia en el sector oficial. Dada la discrecionalidad en su celebración, el contrato de prestación de servicios también es el vehículo empleado para oficializar y legitimar el incumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que imponen la carrera administrativa para el ingreso y permanencia en la función pública. Además con la desfiguración del concepto legal del contrato de prestación de servicios se logra eludir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, lo cual se traduce en desmejoramiento de las condiciones económicas de los contratistas. En síntesis el prestación de servicios de manera velada desconoce el ordenamiento jurídico superior, no obstante la posición de censura adoptada en un comienzo por las altas instancias judiciales. Ello, en razón a que la legislación colombiana a partir de la Constitución Política define el carácter del servidor público con los derechos y obligaciones que le son propios; de igual manera, establece en el Estatuto de la Contratación Estatal - Ley 80 de l.993- los principios rectores que deben orientar todos los procesos de contratación a cargo de las entidades oficiales.En consecuencia, ambas instituciones: la del servidor público y la del contrato estatal, pertenecen al campo de la función administrativa; están reguladas por normas de Derecho Público y más exactamente por el Derecho Administrativo. A partir de tales presupuestos es labor de la investigación, ubicar tanto la contratación estatal como la función pública bajo las directrices que impone la Carta Política en un Estado social de derecho, con todas las consecuencias que tal consagración conlleva. La investigación debe abrirse al interrogante sobre la conformidad de estos contratos de prestación de servicios para vincular personas a la nómina de las entidades oficiales, con la preceptiva constitucional que instituye el Estado Social de Derecho. El estudio deberá extenderse a los procesos de reestructuración como dispositivo que desplaza los empleados públicos por los contratistas de servicios personales y el papel de las cooperativas en esta modalidad contractual

El anticipo y pago anticipado en los contratos de obra en Colombia

Artículo de investigaciónEn el presente artículo se analiza si las figuras jurídicas de Anticipo y Pago Anticipado generan los mismos derechos y obligaciones para las Entidades Estatales, así como para los contratistas y la pertinencia de aplicar una y otra según las reglas referentes a cada figura jurídica en mención.30 p.INTRODUCCIÓN 1. El Anticipo y Pago Anticipado en la Contratación Estatal de Colombia 2. Anticipo y Pago Anticipado 3. Garantías contractuales para el anticipo y pago anticipado, según el régimen de contratación pública. 4. Conclusiones REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASPregradoAbogad